Cuando la derecha deja de disimular, el problema ya no es lo que oculta, sino lo que anuncia.
Hay una frase que lleva décadas dando vueltas por la política española. Se le atribuye a Emilio Romero, periodista falangista y director del diario Pueblo: para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir. Lo decía sin rubor, como quien comenta el tiempo, y con una lógica aplastante, al menos para él: gobernar para unos pocos no da votos suficientes.
Todo un portento de la información. En un sistema donde el mercado es Dios, parece que la derecha tiene que gobernar y que mentir forma parte de las reglas del juego.
Pero de vez en cuando se les escapa la sinceridad, y entonces conviene tomar nota.
El domingo 4 de octubre, en una entrevista en El Debate, el diputado de Vox José María Figaredo aseguró que el sistema de pensiones «es un zombi» y que «lo han quebrado». Su receta: un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual. Dicho en cristiano, que una parte de tu pensión dependa de lo que hayas podido ahorrar y de cómo le haya ido a ese ahorro en el mercado. Cuánta parte seguiría siendo pública y cómo se haría la transición, eso no lo explicó. Y todo ello mientras la Seguridad Social paga más de diez millones de pensiones al mes.
Con la protección de las mujeres pasa algo parecido. El 30 de septiembre, Vox defendió en el Congreso una enmienda a la totalidad contra la ley de violencia vicaria, que la reconoce como una forma de violencia de género y retira la patria potestad a los maltratadores condenados por delitos graves. Todos los demás grupos votaron en contra de ese veto. Y esta misma semana, en las Cortes de Castilla y León, el PP y Vox tumbaron juntos la actualización de la ley autonómica contra la violencia de género: 47 noes frente a 35 síes. El PP marcó distancias con Vox en Madrid. En Valladolid, votó con ellos. Las distancias, a veces, duran lo que dura el pleno.
Y está la vivienda. El viernes 2 de octubre, PP, Vox, UPN y Junts derogaron los dos decretos del Gobierno, que prohibían desahuciar a personas vulnerables y prorrogaban los alquileres que vencen este año. Vivieron poco más de veinticuatro horas.
Y no son los únicos. Son los ejemplos de las últimas semanas, y la lista es bastante más larga. Quien pierde no suele ser quien vota que se pierda. La votación de la vivienda, además, no fue un descuido: cada diputado dijo «no» en voz alta, nombrado uno a uno. También eso es sinceridad. Ya no hay letra pequeña donde esconderse.
Cuando alguien habla de bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral o dar más protagonismo a la iniciativa privada, conviene preguntar quién se beneficia, quién pierde protección y qué pasa con quien no puede pagarse una alternativa. Porque la sanidad pública, las pensiones, los salarios dignos o la protección frente a la violencia no son regalos de ningún Gobierno. Son conquistas colectivas, y marcan la diferencia entre vivir con cierta seguridad o quedar a merced de lo que cada cual pueda pagar.
Y aquí aparece la contradicción. España crece por encima de buena parte de Europa y el IBEX 35 marca máximos históricos. Son datos que, por sí solos, no demuestran que todo vaya bien: la bolsa no es el bolsillo de las familias. Pero precisamente por eso la pregunta es inevitable: si en plena bonanza se plantean recortes de derechos o más negocio privado en ámbitos esenciales, ¿qué pasará cuando llegue la crisis?
Porque las crisis llegan. Y cuando llegan, siempre aparece alguien que nos explica que no hay dinero, que toca apretarse el cinturón y que todos debemos hacer sacrificios. Todos, por supuesto, aunque unos tengan mucho más que sacrificar que otros. Ya conocemos la receta: los beneficios se privatizan cuando las cosas van bien y las pérdidas se socializan cuando van mal. Y luego nos piden paciencia, responsabilidad y confianza.
Habrá quien diga que exageramos, que son declaraciones de campaña y que luego, en el Gobierno, nada es para tanto. Puede ser. Pero cuando alguien te dice con la cara descubierta lo que piensa hacer, lo sensato es creerle, y no esperar a que lo haga para sorprenderte.
Y fijémonos en la palabra que nunca falta: libertad. Es la suya. La libertad de unos pocos para convertirlo todo en negocio, no la de todos para vivir sin miedo a un desahucio, a una enfermedad o a una vejez sin recursos. La suya se compra; la de todos se garantiza con derechos. Y la libertad de unos pocos puede acabar siendo la obligación de los demás de pagar por lo que antes era un derecho. Cuando llegue ese momento, no servirá de mucho descubrir que nos habían avisado.
El 29 de noviembre hay elecciones. ¡Derechas o derechos! La pregunta es sencilla: ¿vamos a esperar a que nos quiten los derechos para empezar a defenderlos?