España crece por encima de la media europea y, aun así, una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza o de exclusión. Las dos cosas son ciertas a la vez, y esa contradicción es lo que se juega el 29 de noviembre.
No votamos al partido que nos cae mejor. Votamos qué hacer con ese crecimiento: si se queda en unos pocos bolsillos o llega a las nóminas, a los alquileres y a las pensiones de todos los demás. Mi respuesta tiene una dirección clara, votar opciones progresistas y, dentro de ellas, fortalecer a las que están a la izquierda del PSOE, y una condición innegociable: que quien gobierne rinda cuentas.

Un país que crece y no llega a fin de mes

Los datos de 2026 son buenos: el PIB crece un 2,6% anual y el paro está por debajo del 10%, el más bajo desde 2008. Pero la media esconde dónde se queda el dinero. Los salarios reales apenas avanzan, la pobreza no baja al ritmo del PIB y faltan unas 800.000 viviendas, lo que significa que alguien con un buen contrato puede seguir sin poder emanciparse. Una economía que gana dinero y no lo reparte no está resolviendo un problema: lo está aplazando.

Lo que la derecha no cuenta

No hablo de lo que se promete en campaña, sino de lo que se ha dicho y hecho. Y hay cuatro preguntas que ni el PP ni Vox han respondido todavía.
¿Quién cuida las pensiones? Vox propone sustituir parte del sistema público por cuentas de capitalización individual. El PP dijo hace unos días que el sistema «va a petar»; poco después su líder prometió mantenerlo y revalorizarlo con el IPC, pero sigue sin decir qué modelo quiere. Las pensiones sostienen a 9,4 millones de personas y a buena parte de las familias que las rodean. Quien las toque debería decir con claridad qué propone, no dejarlo en una frase suelta.
¿Quién va a trabajar? La inmigración explica cerca de la mitad del crecimiento desde 2022, según Funcas y el Banco de España. Es la mano de obra de la construcción, del campo y de los cuidados. Endurecerla sin decir quién ocupará esos puestos es pedir crecimiento y cerrar la puerta de la que depende. PP y Vox ya han pactado la «prioridad nacional» en ayudas y vivienda en tres comunidades: una muestra de lo que podrían hacer con más poder.
¿Quién construye, y para quién? El PP promete un millón de viviendas y hasta ahora no ha detallado en qué régimen, quién las construiría ni para quién; además, cerca del 23% de los trabajadores de la construcción son extranjeros. Tampoco el pasado tranquiliza: en 2013, con Ana Botella de alcaldesa, Madrid vendió 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone por 128,5 millones. La justicia terminó absolviéndola, pero el precedente pesa.

¿Quién paga el armamento?

La OTAN pide llegar al 5% del PIB en defensa en 2035. Serían unos 88.000 millones de euros al año; hoy se destinan unos 35.400. Son más de 50.000 millones adicionales cada año, y salen de subir impuestos, de endeudarse o de recortar otra cosa. Quien defienda ese gasto debe decir de cuál de las tres.
Y los antecedentes. Cuando el PP gobernó el Estado, entre 2011 y 2018, recortó sanidad y educación, su reforma laboral de 2012 provocó una huelga general y el paro rondó el 25%. Fue en plena crisis y sus defensores dirán que no había otra salida. Pero la pregunta es qué eligieron cuando tuvieron que elegir, y eligieron ajustar sobre el gasto social.
Mi lectura es clara, y es una opinión, no un dato: para quien vive de un salario o de una pensión, un gobierno de PP y Vox es una apuesta cara, con la letra pequeña sin leer.

Qué ha hecho el bloque progresista, y en qué ha fallado

Con todos sus límites, el balance de reparto existe. El salario mínimo ha subido un 66% desde 2018, hasta los 1.221 euros. El Ingreso Mínimo Vital llega a 2,6 millones de personas. La reforma laboral de 2021 limitó los contratos temporales y las pensiones se revalorizan con el IPC por ley. Todo ello, gobernando en minoría: 32 leyes y 40 decretos en tres años, según el balance de Moncloa.
Conviene no exagerar. Las subidas de 2026 suman unos 9.000-10.000 millones de euros, en torno al 0,5% del PIB, y gran parte compensa inflación. Importan mucho más para quien las recibe que para la contabilidad nacional, y esa es precisamente su razón de ser.
Y ha fallado. El déficit de vivienda crece y sus dos decretos de vivienda cayeron en el Congreso. Lleva tres años con presupuestos prorrogados. El Supremo condenó en junio de 2026 a Ábalos a 24 años y 3 meses; el PSOE lo suspendió de militancia en febrero de 2024 y lo expulsó 15 meses después. Un proyecto progresista que quiera credibilidad tiene que decir esto sin rodeos.
Por qué importa lo que haya a la izquierda del PSOE
El PSOE gobierna, pero buena parte del reparto salió de pactos de coalición. El programa que firmaron PSOE y Podemos en 2019 ya incluía derogar la reforma laboral de 2012, crear un ingreso mínimo vital, subir el salario mínimo y topar los alquileres. Algunas medidas se aprobaron, otras solo a medias y otras se quedaron por el camino. La enseñanza es sencilla: lo que consigue un socio pequeño depende de cuánto pesa en la mesa de negociación.
Mi opinión es que un PSOE sin socios fuertes a su izquierda tiende hacia el centro liberal, y que con ellos se empuja hacia el reparto. Es la hipótesis que sostiene este artículo y no se puede demostrar: nadie sabe qué haría el PSOE con mayoría absoluta. Pero tiene una lógica difícil de rebatir: en una negociación, quien no tiene escaños no tiene voz.
Y ese espacio se encoge. El CIS, en su encuesta del 1 al 6 de octubre, da un 6,1% al Frente Amplio y un 3,1% a Podemos, alrededor de un 9% entre ambos. Las encuestas privadas más citadas, como las de Sigma Dos y GAD3, les dan en torno a 13 escaños, frente a los 31 de 2023. Las cifras difieren, pero la tendencia apunta en la misma dirección. De ahí sale la decisión real: no se vota por simpatía, sino para decidir cuánto peso tendrá el reparto en el próximo gobierno.
Eso exige a la izquierda lo mismo que a todos: un programa común, compromisos que se puedan medir y democracia interna. La suma de siglas no es un proyecto de país. Si sirve para repartir cargos o tapar diferencias, no vale.

La objeción honesta

La objeción merece respuesta. Votar a una fuerza pequeña puede restar escaños si el voto se fragmenta, y hay quien dirá que lo prudente es concentrarlo en el PSOE para frenar a PP y Vox. El argumento pesa más cuanto más cierta sea la amenaza, y ahí las encuestas se contradicen. Las privadas, como Sigma Dos y GAD3, dan a PP y Vox entre 198 y 208 escaños, con la mayoría absoluta en 176. El CIS, el organismo público, da al PSOE 152 y deja a PP y Vox en unos 157.
Ninguna de las dos fotografías es neutral. Los críticos del CIS, que dirige José Félix Tezanos, recuerdan que en 12 de los últimos 18 comicios atribuyó al PSOE al menos un punto más del que obtuvo (análisis de El Debate). Las privadas trabajan para medios con línea editorial y también se han equivocado. Con imágenes tan distintas, lo prudente es no apostar el voto a ninguna: votar por lo que quieres que haga el próximo gobierno, no por lo que crees que va a pasar. Y por eso la unidad solo tiene valor si permite hacer lo que separados no se puede.

Qué exigir a cualquiera que gobierne

El poder necesita límites, gobierne quien gobierne: instituciones independientes, transparencia en la contratación y una justicia independiente que, además, rinda cuentas. Independiente no significa inmune. Significa que ni el Gobierno ni la oposición pueden condicionarla, y que cualquiera puede comprobar cómo se nombra a los jueces, por qué se decide lo que se decide y qué ocurre cuando un tribunal se aparta de la ley. El Consejo General del Poder Judicial estuvo cinco años y medio en funciones, con el mandato caducado desde 2018, hasta que PP y PSOE pactaron renovarlo en Bruselas en 2024, y la Comisión Europea pidió además cambiar cómo se eligen sus miembros. Un órgano bloqueado y sin reglas claras de rendición de cuentas no protege a nadie. Y resultados que se puedan medir:
1. Presupuestos aprobados.
2. Viviendas iniciadas, y cuántas son protegidas.
3. Salarios reales.
4. Tasa de pobreza.
5. Tiempo que tarda un partido en apartar a un cargo bajo sospecha.
Si no cumple, debe poder ser corregido o sustituido.
Por eso no se trata de elegir un salvador, sino de decidir quién tendrá peso para empujar. Un voto a la izquierda del PSOE no es un voto de protesta ni de fe: es un voto con una tarea, empujar hacia el reparto, y con fecha de caducidad, porque solo se renueva si se cumple. Eso es lo contrario de un cheque en blanco.
Avanzar no es cambiar de Gobierno ni conservarlo: es que, gobierne quien gobierne, el país sea más habitable, más justo y más democrático.