Estrasburgo dice que España vulneró el derecho de reunión de cuatro manifestantes. Pero la pregunta no es cuánto, sino quién responde por la decisión.

Quince años después

Han pasado quince años desde «Aturem el Parlament». Cuatro personas fueron condenadas a tres años de prisión por unos hechos que, según Estrasburgo, no se les podían atribuir a ellas. Su conducta, dice el Tribunal, fue molesta, no violenta: seguir a diputados, corear consignas, gesticular.

La idea es sencilla: que en una manifestación haya violencia no convierte en violentos a todos los que fueron. La responsabilidad penal es de cada uno.

¿Hay que explicarle esto a un juez?

Lo contrario es castigar a la gente por estar allí, y eso se nota. La próxima vez, mucha gente se lo piensa antes de salir a la calle. Estrasburgo lo dice con otras palabras: las condenas buscaban un efecto disuasorio.

Un caso con historia

Esto no empezó en Estrasburgo. La Audiencia Nacional vio los mismos hechos y absolvió. Pero el Parlament y el Govern, que se habían personado como acusación particular, recurrieron. Y el Supremo, con Manuel Marchena de ponente, le dio la vuelta y condenó. Lo hizo con la llamada «violencia ambiental»: una multitud podía crear un clima coactivo suficiente para condenar a quienes formaban parte de ella. El Constitucional lo avaló. Y Estrasburgo acaba de desmontar esa doctrina.

Conviene fijarse en quién estaba en cada lado. Acusaban las instituciones contra cuyos recortes se protestaba. Y el Supremo les dio la razón. No hace falta ser un lince para ver cómo se llama eso: un juicio político, aunque se vista de toga.

La espada de Damocles

Las penas nunca llegaron a cumplirse. Pero los cuatro pidieron el indulto y, desde entonces, nada. Ni se concedió ni se negó: se quedó en un cajón. Durante más de nueve años vivieron con tres años de cárcel suspendidos sobre la cabeza, sin saber si algún día llamarían a la puerta. Ni dentro ni fuera. Nueve años de vida pendientes de un papel que nadie firmaba.

Al final no los liberó ninguna decisión, sino el reloj: en 2024 las penas se declararon prescritas. El propio Tribunal recoge que la suspensión se mantuvo solo porque nadie contestó. Ese fue el castigo de verdad.

Y si ahora hay cheque, ya sabemos quién lo paga: todos. También ellos. Cobran con una mano lo que pagan con la otra. La reparación es necesaria, claro. Pero un cheque no explica por qué pasó ni evita que se repita.

¿Quién responde?

Cuando un político la lía de verdad, la sociedad puede exigirle que dimita. Con un juez no funciona así, y con razón: no puede dictar sentencias con un ojo puesto en el titular de mañana. La independencia judicial es una garantía de todos.

Pero independencia no es impunidad. Existe el error judicial, que permite reclamar al Estado. Existe la revisión de sentencias firmes tras una condena europea. Herramientas útiles, sí, pero contestan al daño, no a la decisión.

Y la decisión es lo que inquieta. No hablamos de un error de matiz. Hablamos de quince años, de cuatro vidas y de una doctrina que sostuvo una condena de cárcel y que tres jueces europeos han tirado abajo. Si unos jueces ven los mismos hechos y absuelven, y otros los ven y condenan con una doctrina que Europa tumba, o alguien se equivocó de lleno o alguien sabía lo que hacía. Y en ninguno de los dos casos pasa nada.

Porque en una condena así no hay una sola mano. Hay quien acusa, quien juzga, quien confirma y quien mira hacia otro lado. El Parlament y el Govern que acusaron. El Supremo que condenó. El Constitucional que avaló. Y los que lo vieron pasar y callaron.

Mientras tanto

Mientras tanto, ¿qué fue de quien redactó aquella condena? Pues le fue bien. Manuel Marchena ya presidía la Sala Segunda del Supremo cuando se dictó, y siguió. En 2018 sonó incluso para presidir el Consejo General del Poder Judicial. En 2019 fue reelegido otros cinco años, como único candidato y con 19 votos. Ese mismo año dirigió el juicio del procés, el más mediático que se recuerda. Tras diez años al frente de la Sala, hoy sigue en ella como magistrado, y en abril ingresó como académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con medalla propia, la número 18.

Nada de esto le ha frenado la carrera. Ni tendría por qué, si nadie lo pregunta.

Estrasburgo dice que el Estado se equivocó. Los cuatro cargaron con las consecuencias. Quien decidió, de momento, una medalla en la Real Academia. Y si nadie pregunta por qué, la próxima vez también saldrá gratis.

¿Y ahora qué?