En España la separación de poderes existe sobre el papel. Cada institución tiene sus competencias, sus procedimientos, sus límites. Eso es un hecho, no una opinión. Pero hay algo que la Constitución no puede garantizar: que quienes ocupan esas instituciones dejen la ideología en la puerta. Y cuando la ideología se cuela, no hace falta que los poderes se confundan entre sí. Basta con que compartan una misma manera de mirar el mundo.

Vamos al caso.

En 2026 el Tribunal Supremo anuló una sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas había impuesto a Vox por ingresos declarados como merchandising entre 2018 y 2020. El Tribunal de Cuentas entendió que aquel dinero eran en realidad donaciones no identificadas, algo que la ley prohíbe expresamente. El Supremo no dijo que la contabilidad de Vox fuera intachable. Dijo, simplemente, que no estaba suficientemente acreditado que aquellos ingresos fueran donaciones encubiertas.

Ahí surge la primera pregunta incómoda: si un partido está obligado a demostrar documentalmente el origen de cada euro que ingresa, ¿qué pasa cuando esa documentación no convence? ¿Se le sanciona por lo que no puede probar, o se le exige al fiscalizador que pruebe más allá de toda duda? Porque no es lo mismo una deficiencia contable que una infracción demostrada.

Guardemos esa pregunta y miremos otro caso.

En 2019 Podemos pagó 363.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos de campaña. Aquello se convirtió en una causa penal que se alargó casi cuatro años, con dirigentes del partido investigados. En 2023 un peritaje judicial concluyó que el trabajo realizado valía unos 358.000 euros, prácticamente lo pagado, y que el precio se ajustaba al mercado. En 2024 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo: ni apropiación indebida, ni falsedad contable, ni delito de ningún tipo.

Dos operaciones. Una de 862.000 euros, otra de 363.000. La primera terminó en sanción administrativa, anulada después por falta de pruebas suficientes. La segunda terminó en investigación penal durante años, con nombres y caras expuestos en televisión cada noche, hasta que un peritaje demostró que no había nada que perseguir.

No hace falta que los hechos sean idénticos para hacer la pregunta. De hecho es al revés: precisamente porque los hechos son distintos, hay que preguntarse por qué la respuesta institucional fue tan desproporcionadamente distinta. ¿862.000 euros de un partido merecen la vía administrativa y 363.000 de otro merecen la vía penal? ¿O lo que cambia no es la cantidad, sino quién firma?

Y aquí conviene decir algo que muchas veces se calla: las instituciones no actúan solas, actúan con un altavoz detrás. Cuando Neurona salió a la luz, ocupó portadas, telediarios y tertulias durante semanas. Cuando el Supremo anuló la sanción a Vox, la noticia apenas duró un día y en la mayoría de medios ni siquiera mereció titular propio. El ruido y el silencio también se reparten según el color del expedientado. No es solo que la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas midan con reglas distintas: es que la prensa decide, caso por caso, cuánto tiempo dedicarle a la sospecha y cuánto a la absolución. Ese reparto de atención no es casualidad ni es neutral: también hace política.

Sigamos con las instituciones.

El Consejo General del Poder Judicial estuvo bloqueado más de cinco años hasta su renovación en 2024, con un reparto formal de diez vocales conservadores y diez progresistas. Diez a diez, sobre el papel. Pero en octubre de 2025 el reparto real cambió: con los votos de los diez vocales conservadores, la presidenta Isabel Perelló y el vocal Carlos Hugo Preciado, el sector conservador pasó a controlar nueve de las once comisiones del Consejo, incluida la Permanente, el órgano que decide en el día a día. El Pleno seguía diez a diez. El poder real, no.

Y luego está el dinero de verdad, el que no cabe en un titular de sucesos.

Durante la crisis financiera el Estado destinó unos 58.600 millones de euros a rescatar la banca. El FROB investigó operaciones concretas y remitió informes a la Fiscalía, así que sería falso decir que no se investigó nada. Pero compárese la intensidad: cientos de miles de euros pueden mantener a un partido bajo la lupa de jueces, peritos y cámaras durante años. Decenas de miles de millones de euros públicos pueden desaparecer del balance del Estado y terminar convertidos, sobre todo, en una cifra de pérdidas que nadie recuerda ya en un debate electoral.

Perder 58.600 millones de dinero público no es delito. No lo es. Aunque, dicho con toda la contundencia posible, debería serlo en algún grado, al menos cuando media negligencia, ocultación o beneficio para unos pocos a costa de todos. Nadie está pidiendo criminalizar cualquier decisión económica equivocada. Se pide algo más modesto y más difícil de conceder: que la vara con la que se mide a un partido de 363.000 euros sea la misma vara con la que se mide a un rescate de 58.600 millones.

La separación de poderes dice quién puede hacer qué. El Tribunal de Cuentas fiscaliza, los jueces juzgan, el CGPJ gobierna el Poder Judicial, la prensa informa. Cada uno en su casilla. Pero ninguna de esas casillas viene vacía de gente, y la gente, toda, sin excepción, tiene ideología. La independencia institucional no es una vacuna contra el sesgo: es, como mucho, una promesa de que el sesgo no se note demasiado. Y últimamente se nota.