Durante una semana, el Gobierno trató a Junts como al socio al que hay que cuidar. Según se contaba esos días, Vivienda concentró sus esfuerzos en la formación de Puigdemont, a la que consideraba el socio más escurridizo, y puso sobre la mesa concesiones fiscales, un IVA del 0% para la compra de vivienda de menores de 35 años y hasta los inmuebles de la Sareb en Catalunya para la Generalitat. Incluso rebajó al 10% el IVA de los pisos turísticos, cuando se barajaba el 21%, para atar apoyos como el de Junts o el del PNV.
El decreto se aprobó el martes. El jueves por la noche, la ejecutiva de Junts decidió por unanimidad votar en contra de los dos.
El viernes, Rufián los esperaba en la tribuna: «Están pagando una deuda, la pregunta es a cambio de qué». Y remató con lo otro: «Que ustedes tienen intereses inmobiliarios lo sabe todo el mundo»

La pregunta pequeña y la grande

Rufián preguntó a cambio de qué. La pregunta incómoda es otra: ¿por qué te sientas una semana a negociar un decreto que no piensas apoyar?
Hay una explicación más sencilla que cualquier llamada de teléfono. Sentarse a la mesa servía para no quedar en la misma foto que PP y Vox. Tirar del decreto hacia el lado de los propietarios, para dejarlo cada vez más flojo, servía para algo más: cuanto más se descafeinaba, más probable era que la izquierda a la izquierda del PSOE no lo aceptara. Y si no lo aceptaba, el decreto caía y Junts podía decir que ellos estaban en la mesa.
Pero la izquierda decidió tragar con lo que había y pelear el resto desde la calle. Y ahí se quedaron sin coartada.
Basta mirar el texto alternativo que Junts entregó el mismo viernes, según elDiario.es. Hace voluntarias las prórrogas de alquiler, limita el escudo antidesahucios a bancos y grandes tenedores, elimina la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y mantiene las bonificaciones a los propietarios. Ese es el decreto que Junts habría querido.

Lo que dicen las declaraciones

Sobre los intereses inmobiliarios, que Rufián dio por sabidos, hay datos públicos. Tres de los siete diputados de Junts declaran rentas de alquiler: el 42,85%, el porcentaje más alto de todo el Congreso. Vox llega al 28% y el PP al 22%.
Josep Maria Cervera ingresa 12.000 euros al año por un local comercial. Pilar Calvo declara un alquiler de 1.500 euros al mes. Josep Pagès, 15.000 euros en rentas. Y Marta Madrenas figura con tres viviendas, dos de ellas vinculadas a una sociedad.
Son siete diputados, y con tan pocos un solo caso mueve el porcentaje catorce puntos. No prueba por sí solo cómo se vota. Pero tampoco es un dato menor que, entre los que tumban un decreto de alquileres, haya quien cobra alquileres.

Y Foment

El miércoles, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, dijo que los decretos eran una «socialización encubierta de la propiedad privada». El jueves por la noche, la nota de Junts hablaba de «expropiación por decreto» del ahorro de tres generaciones de familias.
No sé si hubo llamada. Sé que las dos frases se dijeron con un día de diferencia y que apuntaban al mismo sitio.

Quién firma

Los siete escaños de Junts bastaban para dar la vuelta a la votación del primer decreto: 172 a favor, 178 en contra. PP y Vox también votaron que no, sin disimular. Junts, en cambio, lo hizo diciendo que los decretos no frenaban a los fondos buitre. Mientras tanto, miles de personas pedían frente al Congreso que se aprobaran.
Y la izquierda hizo una apuesta: tragar con lo que había y fiarlo todo a la presión de la calle. Era legítima, y el tiempo dirá si la calle responde.
Porque la discusión de fondo sigue ahí. Si damos por hecho que la vivienda es un negocio, solo nos quedará discutir cómo se regula ese negocio. Si la entendemos, antes que nada, como un derecho y una necesidad básica, la conversación cambia por completo.
Quizá la pregunta ya no sea a cambio de qué, sino a quién le sale a cuenta que un decreto así no salga adelante.

Qué han hecho

Que quede claro.
Han tumbado una ley que llevaba un día en vigor, y con ella un montón de cosas que en el BOE parecen artículos y en la vida real son personas.
Piensa en la familia que tiene fecha de desahucio y esperaba que el Estado cubriera la deuda con el casero para pararlo. Ya no hay a quién esperar. Piensa en la inquilina a la que le vence el contrato este año y contaba con dos años más para buscar algo que pudiera pagar: ahora tiene que salir al mercado, con las rentas sin tope y con menos aviso por parte del casero. Piensa en quien vive en una habitación o en un alquiler de temporada, con un contrato que apenas lo protege, y al que el decreto empezaba a tratar como a alguien que vive en su casa. Todo vuelve a como estaba antes.
Y lo hicieron con miles de personas fuera, en la calle y en la acampada de Sol, que habían salido a raíz del desahucio de Maricarmen. Esa gente volvió a Sol llena de rabia.
PP, Vox y UPN votaron lo que se esperaba de ellos. Los señores de Junts pasaron una semana en la mesa, arrancaron concesiones y, a la hora de dar la cara, pidieron que se retirara todo. Decían defender al pequeño propietario. Con su voto, el pequeño inquilino se queda sin plazo.