Repsol ha ganado 2.200 millones de euros solo en los tres primeros meses de este año. Un 265% más que el año anterior. Y aun así, desde 2022, ha seguido cobrando dinero público: 366,8 millones de euros en 241 ayudas y subvenciones, repartidas entre ocho sociedades del grupo, pagadas por el Gobierno central, por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos.

Léelo otra vez. Una empresa que gana miles de millones al trimestre sigue con la mano tendida hacia el Estado. Y el Estado sigue llenándosela.

Esto no debería sorprendernos si conociéramos bien la historia. Porque antes de ser una de las multinacionales más rentables de este país, Repsol fue nuestra. Literalmente. Del Estado. De todos.

En 1981 el Gobierno agrupó bajo un mismo paraguas público empresas como Enpetrol, Hispanoil o Butano. En 1987 les puso el nombre que conocemos hoy: Repsol. No era una ayuda a lo privado. Era el Estado gestionando lo que era del Estado.

Y entonces alguien decidió venderlo.

Empezó Felipe González en 1989. Lo remató José María Aznar en 1997, con la venta del último 10% que quedaba en manos públicas. Y aquí está el dato que deberías conocer y que casi nunca se cuenta: no vendieron una empresa hundida. Vendieron una empresa que en 1996 había ganado más de 715 millones de euros. El Estado se embolsó, de golpe, una plusvalía de unos 865 millones de euros por una participación que en los libros valía apenas 156 millones. Un pelotazo de manual. Pero un pelotazo de una sola vez.

A cambio de ese ingreso puntual, España renunció para siempre a los beneficios de una de sus empresas más rentables. Los cobramos una vez. Repsol los sigue cobrando cada trimestre, treinta años después.

¿Y quién se quedó con la empresa? El de siempre: BBV, La Caixa, Pemex. El propio Gobierno participó en las conversaciones que colocaron a Alfonso Cortina, hombre del BBV, al frente de la compañía. Entre los protagonistas de La Caixa estaba Josep Vilarasau, que antes de convertirse en banquero de la España democrática había sido alto cargo franquista, director general de Campsa. Las élites económicas no desaparecieron con la Transición. Simplemente cambiaron de despacho y de bandera en la solapa.

Y luego, para que no queden dudas de que esto no es una teoría, llegó la puerta giratoria en carne y hueso. Felipe González, el presidente que abrió la privatización de Repsol, entró en 2010 en el consejo de Gas Natural Fenosa —empresa participada por Repsol y La Caixa— cobrando 126.500 euros al año. Un mes después, José María Aznar, el presidente que la cerró, fichó como asesor de Endesa por 200.000 euros anuales. No hace falta imaginar sobres ni maletines. Basta con mirar las fechas y las nóminas.

Hoy, treinta años más tarde, Repsol quiere que la veamos como una gran benefactora del país: dice haber pagado 13.265 millones de euros en impuestos en 2025, 9.640 solo en España. Suena a que nos está devolviendo con generosidad lo que un día fue nuestro.

Pero esa cifra es un truco de magia, y la propia Repsol lo confiesa en la letra pequeña de su informe: de esos 13.265 millones, lo que de verdad sale del bolsillo de Repsol —lo que le cuesta a la empresa, no a sus clientes— son 1.983 millones de euros. El resto es dinero que Repsol simplemente recauda de otros bolsillos: el IVA que pagas cuando repostas, las retenciones de sus trabajadores, los impuestos de sus inversores. Recaudar un impuesto no es lo mismo que pagarlo. Dicho de otra forma: de cada 100 euros que Repsol presume haber «aportado» al Estado, solo unos 15 han salido de verdad de sus beneficios. Los otros 85 los has puesto tú al llenar el depósito.

Ahí tienes el retrato completo. Una empresa que nació pública. Que se vendió cuando era rentable. Que le dio al Estado una única plusvalía hace treinta años y desde entonces reparte sus beneficios en privado, trimestre tras trimestre. Que hoy infla su generosidad fiscal mezclando su dinero con el de sus clientes. Y que, encima, sigue cobrando cientos de millones en subvenciones públicas.

Repsol dejó de ser nuestra el día que se vendió. Pero sus beneficios no desaparecieron con la venta, solo cambiaron de dueño. Si esos beneficios siguen ahí, más grandes que nunca, ¿por qué seguimos pagando nosotros para sostenerlos?

Nada de esto es ilegal. Ese es exactamente el problema. No hace falta romper la ley para robarle el futuro a un país: basta con escribir las leyes a tiempo, ocupar los consejos de administración a tiempo, y dejar que el resto lo haga la memoria corta de la gente.

Repsol no necesita nuestros 366,8 millones. Necesita que sigamos sin hacer esta pregunta.