El precio de la contención

En 2023 la Unión Europea firmó con Túnez un acuerdo de 255 millones de euros: 150 en ayuda presupuestaria, 105 para blindar la frontera y pagar a la guardia costera tunecina. Lo firmó con el presidente Kais Said, que llevaba ya dos años gobernando por decreto desde que en julio de 2021 se cargó el Parlamento y se quedó con todo el poder. Eso no fue un problema para la UE. Fue casi una ventaja: un gobierno con pocos escrúpulos dentro hace mejor de muro fuera. Poco después, Amnistía Internacional destapó lo que el acuerdo prefería no ver: cientos de personas abandonadas por las autoridades tunecinas en pleno desierto, sin agua ni refugio. Entre ellas, niñas y niños. Nadie ha contado cuántos volvieron. Da igual la etiqueta política que Kais Said se cuelgue: quien abandona a niños en el desierto no es de los nuestros. Y lo hizo cobrando, a sueldo de una Unión Europea que prefiere pagar por contener antes que resolver por qué la gente huye.

Marruecos ha hecho lo mismo y «algo más». Bruselas le dio 500 millones de euros entre 2021 y 2027 para blindar su frontera, y ni siquiera lo anunció: la cifra salió a la luz por una pregunta parlamentaria en 2023. Y con todo ese dinero, las entradas irregulares a Ceuta se multiplicaron por cinco entre 2021 y 2025: de 753 a más de 3.500 al año, según el propio Ministerio del Interior. Ya pasó antes, en mayo de 2021: 10.000 personas cruzaron a Ceuta en dos días mientras la guardia marroquí miraba para otro lado. Fue una represalia diplomática, y está acreditada: España acababa de hospitalizar al líder del Frente Polisario. En julio de 2026 volvió a pasar: entre 49.000 y 60.000 personas cruzaron en un solo día. Por qué ocurrió esta vez todavía se discute, y no vamos a zanjarlo aquí. Pero da igual qué versión se acabe imponiendo: el patrón de fondo no cambia. La misma frontera que se blinda con dinero europeo se puede abrir cuando conviene, y desde 2021 sabemos que puede ser a propósito. Quien paga esa ambigüedad nunca es quien la maneja.

A esto lo llamamos «gestión migratoria». Es pagar a un tercero para que el problema no llegue a nuestra puerta, o dejar que ese tercero abra la puerta cuando le interesa presionar. En ambos casos, quien lo paga es la propia persona migrante.

El efecto llamada que no existe

Cuando la contención falla, cuando alguien cruza, no lo regularizamos. Se invoca el «efecto llamada»: si regularizamos a quien ya está, vendrán más. Esa es la excusa oficial. La razón real es otra. Una persona sin papeles no puede exigir que se cumpla un convenio, denunciar un abuso ni negociar un salario digno. Puede ver cómo le pagan menos de lo pactado y firmar igual, porque discutir el sueldo es arriesgar la habitación que alquila, el trabajo que tiene, la vida que ha construido aquí. El miedo a la expulsión la convierte en mano de obra dócil. Regularizar no dispara la llegada de más migrantes. Dispara el coste de la mano de obra que ya tenemos dentro.

La misma lógica, otro nombre

No regularizamos y no desarrollamos África por la misma razón.

Al otro lado del mapa pasa lo mismo con otro nombre, y no es solo el cacao: coltán, algodón, litio, madera… cualquier materia prima que África saca de la tierra y otro transforma. El cacao solo lo deja más claro, porque el dato es bestial. Ghana y Costa de Marfil producen el 60% del cacao mundial. El chocolate mueve cien mil millones de dólares al año. De ese dinero, solo un 6% llega a los agricultores que cultivan el grano. El resto —el procesamiento, la marca, la distribución, el margen— se queda en Europa. A ese país no se le manda tecnología para que tueste, muela y empaquete su propio chocolate. Se le compra la materia prima barata y se le vende de vuelta el producto caro. Cuando el precio del cacao sube, el margen de las grandes chocolateras apenas se resiente. Cuando baja, quien lo paga es el productor.

Regularizar migrantes y desarrollar industria en África tienen algo en común: ambos encarecen lo que hoy sale barato. Un migrante con papeles cuesta más que uno sin ellos. Un país que tuesta y empaqueta su propio cacao, o refina su propio coltán, compite, no suministra. Ninguna de las dos cosas se hace en serio. No porque sea imposible. Porque es rentable que no ocurra.

El miedo al paro

Hay quien objeta que desarrollar industria en otros países destruye empleo aquí. La solidaridad choca con el miedo al paro, un miedo que no es ilegítimo, aunque casi nunca se enfrenta al argumento de fondo: una marca textil no traslada su producción a Bangladesh porque en España falte quien cosa, sino porque allí la hora de trabajo cuesta una fracción. El problema no es la deslocalización en sí, es a costa de quién se hace. Al trabajador de aquí no lo enfrenta el de allí. Lo enfrenta la empresa que elige entre ambos según el margen.

El enemigo perfecto

La derecha y la ultraderecha han encontrado en la migración un enemigo perfecto: visible, cercano, fácil de señalar. Culpar al migrante de la precariedad laboral, de la saturación de servicios, del paro, desvía la mirada de quien realmente decide salarios, contratos y condiciones. Enfadarse con quien llega sale más barato que enfadarse con quien contrata.

No quieren que desaparezca la explotación. Quieren que siga siendo invisible.

Mientras discutimos si el problema es el migrante que cruza el Mediterráneo o el agricultor que vende su cacao a un euro el kilo, dejamos sin discutir quién se beneficia de que ese migrante siga sin papeles y ese agricultor siga sin industria. No es una abstracción. Tiene nombre y turno de trabajo: el hombre que carga cajas doce horas sin contrato porque denunciar significa perderlo todo. La mujer que agacha la cabeza cuando la nómina no cuadra, porque una firma de más puede costarle el permiso de residencia. Contener no es un fallo de la política migratoria ni de la cooperación internacional. Es su función, y ellos son el precio.

Mientras tanto, construimos la valla.