Llevamos medio siglo denunciando la corrupción política en España. Escándalos, juicios, dimisiones, promesas de regeneración. Y sin embargo, aquí sigue. Quizá porque nunca hemos querido hacernos la pregunta correcta: no quién roba, sino a quién le interesa que el sistema permita seguir robando.

Una anomalía con nombre propio

Hay problemas nuevos, problemas complejos, problemas para los que apenas existe experiencia previa. La corrupción política en España no pertenece a ninguna de esas categorías.

Llevamos décadas hablando de ella. Décadas denunciándola, procesándola judicialmente, prometiendo combatirla. Han caído gobiernos, han ido a prisión ministros, tesoreros y presidentes autonómicos. Han aparecido sobres, cuentas en Suiza, tramas organizadas con nombres propios que ya forman parte del vocabulario común: Gürtel, EREs, Bárcenas, Púnica, trama Koldo. Y la lista no cierra.

Lo verdaderamente extraño no es que exista corrupción. La historia humana está llena de ejemplos de personas que utilizaron posiciones de poder para beneficiarse indebidamente. Lo verdaderamente extraño es que, después de medio siglo de democracia, la corrupción siga ocupando un lugar tan familiar en la vida pública española. Tan familiar que ha dejado de sorprender. Tanto, que casi resulta descortés mencionarla.

Esa es la anomalía.

El Estado sí sabe cuando quiere

Hace no tantos años era relativamente habitual cobrar sin factura, declarar menos ingresos de los realmente obtenidos, realizar operaciones difíciles de rastrear. Hoy esas prácticas siguen existiendo, pero son bastante más arriesgadas. No porque los ciudadanos se hayan vuelto más virtuosos. Sino porque el Estado decidió que ese problema era suficientemente importante como para tomárselo en serio.

Legisló. Modernizó procedimientos. Cruzó datos entre administraciones. Digitalizó procesos. Endureció sanciones. Y lo hizo con una determinación sostenida durante años, porque le iba la recaudación en ello.

El resultado es conocido: millones de ciudadanos, autónomos, pequeños empresarios y trabajadores saben hoy que sus movimientos económicos dejan rastro y que el margen para la irregularidad se ha reducido considerablemente. El Estado demostró que cuando considera un problema prioritario, tiene capacidad técnica, legislativa e institucional para abordarlo.

Esta evidencia hace que la corrupción política se convierta en una anomalía aún mayor.

Porque si somos capaces de diseñar mecanismos para controlar millones de declaraciones fiscales y perseguir el fraude de un autónomo que no emite facturas, ¿cómo es posible que sigamos asistiendo una y otra vez a escándalos protagonizados por quienes administran miles de millones de euros públicos? ¿Incapacidad técnica? ¿Falta de herramientas? No. Hemos demostrado que las herramientas existen y funcionan cuando se aplican.

La pregunta, entonces, es otra: ¿por qué no se aplican hacia arriba?

El que falta en los titulares

El relato habitual de la corrupción tiene un protagonista claro: el político corrupto. El que acepta el sobre, el que adjudica el contrato a cambio de una comisión, el que desvía fondos públicos hacia cuentas propias o ajenas. Ese protagonista existe, tiene nombre, acaba en los juzgados y ocupa portadas.

Pero toda corrupción necesita al menos dos participantes.

El corruptor, en cambio, rara vez protagoniza el relato. La empresa constructora que ofrece la comisión, la compañía que financia ilegalmente campañas electorales a cambio de contratos futuros, el grupo empresarial que cultiva relaciones con varios partidos simultáneamente por si acaso, el lobby que convierte la puerta giratoria en un mecanismo de retribución diferida: todos ellos forman parte estructural del fenómeno. Y sin embargo, cuando el escándalo estalla, el foco se dirige casi exclusivamente hacia el cargo público.

No es casualidad. Es arquitectura.

Porque en España no existe ninguna norma que impida a una empresa señalada judicialmente por corrupción seguir contratando con la administración pública mientras el caso está en los tribunales. No existe una regulación efectiva que limite qué puede ofrecer una empresa privada a un partido político. No existe un control serio sobre la financiación de campañas electorales comparable al control que ejerce Hacienda sobre la declaración de la renta de un pensionista.

Eso no es un olvido legislativo. Es una decisión.

Para quién funciona bien el sistema

Cuando un sistema produce sistemáticamente los mismos resultados durante décadas, hay que asumir que esos resultados no son un accidente. La impunidad del corruptor no persiste porque nadie haya reparado en ella. Persiste porque su desaparición afectaría a intereses que tienen capacidad para evitarla.

Las grandes empresas que operan en sectores dependientes de la contratación pública, las constructoras, las energéticas, las concesionarias de servicios, los grupos mediáticos vinculados a determinados poderes económicos, han desarrollado durante décadas una relación con el sistema político que va mucho más allá de la simple corrupción puntual. No hablamos de individuos que se corrompen. Hablamos de una estructura en la que la financiación política, la adjudicación de contratos, la regulación sectorial y la carrera posterior de determinados cargos públicos forman un ecosistema coherente y estable.

Un ecosistema que ningún partido ha desmantelado en serio. Ni los que llevan décadas en el poder, ni los que llegaron prometiendo hacerlo.

Y aquí es donde la anomalía adquiere su verdadero significado. No es que el sistema no funcione. Es que funciona perfectamente para quienes tiene que funcionar. El problema es que esos no somos nosotros.

La pregunta que nadie quiere responder

Reformar en serio la contratación pública, regular con eficacia la financiación de partidos, blindar a los organismos de control frente a las presiones políticas, inhabilitar a las empresas corruptoras con la misma determinación con que se inhabilita a los políticos corruptos: todo eso es técnicamente posible. Los instrumentos existen. Las experiencias comparadas en otros países europeos también.

Lo que no existe es la voluntad política para hacerlo. Y esa ausencia de voluntad no es ideológica. Atraviesa gobiernos de distinto signo con una coherencia que resulta, en sí misma, reveladora.

Por eso quizá la pregunta más incómoda no sea cuánto nos cuesta la corrupción en términos económicos, aunque el coste sea brutal. Ni cuántos cargos públicos han acabado en prisión, aunque la lista sea larga.

La pregunta más incómoda es más sencilla y más difícil de esquivar:

¿Por qué el mismo Estado que perfeccionó durante décadas los mecanismos para controlar hasta el último euro de sus ciudadanos nunca ha desarrollado la misma determinación para controlar a quienes se benefician de corromper a sus representantes?

La respuesta a esa pregunta nos dice exactamente de qué estamos hablando. Y de qué no queremos hablar.