Hilda Farfante murió sin encontrar a sus padres. España, noventa años después del golpe franquista, sigue sin saber qué hacer con sus desaparecidos… mientras vuelve a enfrentar a sus maestros con el poder.

Una niña que esperó toda la vida

El 13 de mayo murió Hilda Farfante. Y con ella se fue una de esas voces que ya forman parte de la memoria moral de este país, aunque demasiados hayan intentado reducirla a una simple disputa ideológica.

Hilda no fue ministra, ni dirigente política, ni historiadora. Fue algo mucho más incómodo: una niña de cinco años a la que el franquismo le arrebató a sus padres y le obligó a vivir toda una vida esperando encontrarlos. Una vida entera. Noventa y seis años.

Sus padres eran maestros republicanos.
Balbina Gayo y Ceferino Farfante.

Dos nombres entre miles.

Enseñar como delito

Cuando el franquismo entendió que debía consolidar su poder, no solo persiguió soldados, sindicalistas o cargos políticos. Persiguió maestros. Los señaló, los depuró, los encarceló, los fusiló o los expulsó de la enseñanza. No era casualidad. Lo comprendieron perfectamente desde el primer momento: quien educa a un pueblo, condiciona el futuro de ese pueblo.

Por eso los maestros republicanos fueron considerados peligrosos.

No por las armas.
Por las ideas.

La Segunda República había convertido la educación pública en una prioridad estratégica. Construir escuelas, alfabetizar el país, llevar libros a pueblos donde nunca habían llegado, enseñar a pensar a hijos de campesinos y obreros… aquello no era solo una política educativa. Era un proyecto de transformación social.

Y precisamente por eso había que destruirlo.

La represión contra el magisterio fue sistemática. Miles de docentes fueron apartados, humillados o asesinados. Muchos aprendieron a sobrevivir mediante el silencio. La escuela dejó de ser un espacio de emancipación para convertirse en una herramienta de disciplina ideológica, nacionalcatolicismo y obediencia.

Ahí empieza realmente la historia de Hilda Farfante. No en el homenaje donde su llanto se convirtió en símbolo de los desaparecidos del franquismo. No en los actos de memoria histórica. No en los documentales. Empieza el día en que una niña pierde a sus padres porque alguien decidió que enseñar podía ser un delito.

La herida que nadie terminó de cerrar

¿Cómo puede una democracia considerarse plenamente reconciliada consigo misma cuando todavía hay hijos muriendo sin haber encontrado los cuerpos de sus padres asesinados por la dictadura?

Ese es el problema de fondo. No la memoria como bandera partidista. La deuda democrática más elemental.

La Transición permitió levantar instituciones democráticas y cerrar décadas de dictadura, pero estuvo lejos de ser un proceso limpio o plenamente reconciliado. Nació atravesada por el miedo, las renuncias y la continuidad parcial de estructuras del franquismo. Y bajo aquella construcción quedó enterrada también una parte del país, sepultada durante décadas entre silencio político, prudencia histórica y familias obligadas a convivir con desaparecidos a los que nadie parecía tener demasiada prisa por devolverles un nombre. Miles de familias tuvieron que buscar a sus muertos prácticamente solas. Como si reclamar verdad, reparación o dignidad fuese una extravagancia ideológica y no una cuestión democrática elemental.

El tiempo pasa. Los supervivientes desaparecen. Las fosas continúan ahí. Los archivos siguen incompletos. Y España se acerca lentamente al centenario del inicio de la Guerra Civil sin haber resuelto todavía algo tan básico como identificar a muchos de sus desaparecidos.

Dentro de apenas diez años se cumplirá un siglo del golpe militar de 1936. Un siglo. Y aún seguimos discutiendo si dignificar a las víctimas molesta demasiado.

Otra vez los maestros

Hay algo todavía más revelador: los maestros vuelven a estar en el centro del conflicto.

Hoy ya no los fusilan ni los depuran. El contexto histórico es radicalmente distinto y cualquier comparación simplista sería absurda. Pero basta observar el deterioro del debate público para entender que la educación continúa siendo un terreno de disputa política fundamental.

Aulas masificadas. Profesores encadenando sustituciones y precariedad durante años. Docentes desbordados por burocracia absurda mientras intentan sostener grupos cada vez más difíciles con menos recursos y menos autoridad social. Gobiernos enfrentados sistemáticamente con la comunidad educativa. Y una sensación cada vez más extendida de que enseñar ha dejado de ser una prioridad colectiva para convertirse en un problema administrativo.

Otra vez los maestros protestando en las calles.
Otra vez la educación convertida en campo de batalla sobre el modelo de sociedad que se quiere construir.

Porque cada época entiende perfectamente algo esencial: controlar la educación nunca consiste solo en enseñar matemáticas o gramática. Consiste en decidir qué ciudadanía se forma, qué valores se transmiten y qué futuro se considera aceptable.

Por eso la historia de Hilda Farfante no pertenece únicamente al pasado. Habla de memoria, sí. Pero también habla del presente. Y quizá por eso sigue incomodando tanto.

Porque noventa años después, España continúa discutiendo sobre las mismas cosas que aterrorizaron a quienes asesinaron a sus padres: la educación, la conciencia crítica y la capacidad de un pueblo para pensar por sí mismo.