Empecemos por los números, que son lo que menos gusta y lo que menos se cuenta.
En 2025 se practicaron en España 25.540 lanzamientos judiciales, unos 70 al día. De este año solo hay datos oficiales hasta marzo: 4.005 en el primer trimestre, unos 44 diarios. Un 45% menos que un año antes, sí, pero con letra pequeña: la bajada coincide con la moratoria para hogares vulnerables, y las solicitudes de desahucio que entran en los juzgados siguen subiendo.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018, se han ejecutado más de 272.000, según estimaciones hechas a partir de los datos del Poder Judicial. Unos 90 cada día.
De lo que viene después no hay cifras oficiales. Nadie lleva la cuenta de quién enferma, de quién se hunde o de quién se quita la vida por un desahucio. Lo que tenemos son estudios, y todos cuentan lo mismo. Uno de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada, con 205 personas en pleno proceso, halló niveles patológicos de ansiedad en el 88% y de depresión en el 91%. Otro, con afectados por hipotecas de la plataforma Stop Desahucios, situó a un tercio en riesgo de suicidio moderado o alto. Y la literatura internacional que recoge una editorial de Gaceta Sanitaria habla de un riesgo más de cuatro veces mayor entre los desahuciados.
Detrás de cada porcentaje hay una cocina, una carta del juzgado y una noche sin dormir.

Ayer murió Maricarmen. Tenía 87 años, llevaba 71 en la misma casa de Retiro y pasó sus últimas dos semanas en un hospital, sin poder volver. Que la tierra le sea leve.
Con ella ha nacido un símbolo. No era la única, ni mucho menos, pero su caso llegó a todas las pantallas y por fin muchos supimos qué significa que te echen de casa: la camilla, la ambulancia, el cordón policial, los 87 años. Hasta hace unas semanas el desahucio era una estadística. Desde Maricarmen, es una persona.
Hay quien lo vive desde hace tiempo con el cuerpo, parando desalojos puerta a puerta y sin cámaras delante: plataformas, sindicatos de inquilinas, vecinos. Ellos ya lo sabían. Los demás acabamos de enterarnos.

Ahora que la realidad ha llamado a nuestra puerta, conviene no volver a cerrar los ojos. Y mirar bien, porque entre quienes podían y debían resolverlo no hay buenos y malos. Solo hay malos.
Un Gobierno que lleva más de ocho años sin hacer lo suficiente. Ha hecho cosas, sería injusto negarlo, pero ninguna a la altura de lo que estaba en juego, y el decreto que podía haber frenado casos como el de Maricarmen llevaba meses sin salir adelante.
Una oposición, con el PP a la cabeza, que no lo arregló cuando gobernó ni lo intenta ahora, porque para ellos la vivienda es un negocio, un bien de mercado, y quien tenga dinero es libre de especular con él. Vivir no es gratis, y tener un techo, menos.
Y buena parte de una prensa que llega tarde. Cuando hay cámara, camilla y multitud, acuden todos. Antes no. Antes hablaban de okupas cuando era una familia a la que el paro había dejado sin alquiler, o de la grandeza del mercado cuando era una pensionista a la que le pedían 1.650 euros de renta con una pensión de 1.450. Es el mercado, amigo.
Y, si somos sinceros, a muchos nos pilló mirando hacia otro lado. No por maldad: mientras el desahucio no tenía cara, era fácil no verlo.

Maricarmen ha muerto. Descanse en paz. El mejor homenaje que podemos hacerle es comprometernos a no descansar: a no dejar de pelear hasta que, gane quien gane las próximas elecciones, este problema se arregle. Y no vale cualquier solución. La solución está en esa Constitución tan cacareada y tan preciada: el artículo 47 dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada.
La vivienda es, ante todo, un derecho. Que no se nos olvide cuando se apaguen las cámaras.